Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, y contra la resolución expresa desestimatoria, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución expresa desestimatoria, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Se discute en instancia el carácter embargable de las ayudas concedidas por el Gobierno de Cantabria a personas físicas o jurídicas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo aprobadas en el marco de la pandemia COVID-19 y, en su caso, la aplicación del art. 607 LEC. El Tribunal Supremo reitera doctrina contenida en sentencia de 13 de diciembre de 2023 (rec. 8272/2022), en interpretación sistemática de los arts. 2.1.b) y c) de la Ley General de Subvenciones, en relación con el art. 23.1 de la Ley General Presupuestaria y art. 607 LEC: estas ayudas son susceptibles de embargo, sin que gocen del privilegio de inembargabilidad plena o absoluta al no ser encuadrables en el concepto de "bienes y derechos patrimoniales que se encuentran materialmente afectados a un servicio público o a una función pública", sino que pueden caracterizarse como compensación económica por la pérdida de ingresos debida a la inactividad derivada de la declaración del estado de alarma; estas ayudas se incorporan al patrimonio del beneficiario el cual no está obligado a ejecutar ningún proyecto ni a desarrollar ninguna actividad que tenga como objeto la prestación de servicios públicos o la realización de funciones públicas de interés general. Sobre estas subvenciones se aplica el art. 607 LEC referido al límite sobre el embargo de salarios, sueldo, pensión, retribución o equivalente que no exceda del salario mínimo interprofesional, para preservar el mínimo económico vital necesario.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
